Magistrada debe decidir si lleva a juicio o sobresee a imputados de la causa Camioneros la próxima semana
La Fiscalía Nº 7 de San Pedro, a cargo de la fiscal María del Valle Viviani, ha solicitado que la causa por el bloqueo a la Empresa Rey Distribución sea elevada a juicio. La fiscal considera que ya tiene suficiente prueba para acusar a los gremialistas Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espindola, así como a seis empleados de la empresa denunciante, por los delitos de Extorsión y Turbación de la posesión.
Tras la solicitud, el Juzgado de Garantías Nº 3, dirigido por la Jueza María Eugenia Maiztegui, corrió traslado a los defensores, quienes presentaron sus planteos en plazos sucesivos. La semana próxima vencen los términos para que la magistrada resuelva las cuestiones presentadas.
La defensa de Cabaleyro y de Espindola, a cargo del letrado Mauricio Gugger, se opuso al juzgamiento de sus defendidos y pidió el cambio de la calificación legal y el sobreseimiento de ambos. Luego, la jueza le corrió traslado al defensor de los seis trabajadores de la empresa que también se encuentran imputados.
El letrado Gabriel Ruiz presentó su oposición a que sus defendidos sean llevados a juicio y reclamó el sobreseimiento de los seis empleados. Una vez cumplidas estas medidas legales, los plazos comenzaron a correr para que la magistrada tome una decisión y determine si sobresee o sienta en el banquillo de los acusados a uno, algunos o a todos los imputados en la “Causa Camioneros”.
El conflicto comenzó cuando la empresa Rey Distribución presentó una denuncia por Extorsión y Turbación de la Posesión contra Cabaleyro, Espíndola y un grupo de trabajadores de la firma que habrían actuado en apoyo de un reclamo gremial, provocándoles, según la denuncia, serios perjuicios a la empresa. La instrucción de la causa derivó en allanamientos y la detención de los líderes sindicales, quienes se encuentran alojados en la UP3.
Como contrapartida, el abogado defensor Gabriel Ruiz, que representa a los seis trabajadores, presentó acusaciones contra los titulares de la empresa por Fraude laboral y Estafa Procesal, entre otros cargos, y pidió la recusación de la fiscal Viviani.
